El INYM ¿una respuesta?

General

En las primeras décadas de siglo XXI la estructura económica de la provincia de Misiones permanece asentada básicamente en un complejo agroindustrial centrado en cultivos perennes (yerba mate, té, etc.) y anuales (tabaco) de procesamiento industrial; y en la explotación del bosque nativo e implantado. A pesar de los intentos de diversificación productiva, este complejo continuó conformando la estructura productiva básica y condicionando las decisiones macro económicas y políticas. En este escenario, la yerba mate ocupó un lugar destacado, puesto que a pesar de las recurrentes crisis del sector, la difusión de este cultivo perenne y de necesaria transformación industrial fue muy importante. El Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2002 registró la existencia de 17.334 explotaciones con yerba mate, correspondiendo el 66% a pequeñas producciones con un promedio de 5 hectáreas. Del total de las unidades, 11598 son monocultivo (exclusivamente yerbateras). Los datos mostraron un crecimiento si se toma en cuenta la existencia de 11.748 explotaciones yerbateras registradas por CNA de 1960.[1] Sin embargo, los márgenes de participación del sector de productores familiares y el marco institucional previsto para la negociación sobre las condiciones de producción y distribución de los ingresos de la yerba mate se han visto modificados.

Las alteraciones del contexto en términos políticos y económicos implementados por el  noeliberalismo con su ya conocida desregulación y descentralización provocaron movilizaciones, protestas y resistencias llevadas a cabo por los sectores afectados ante las medidas desplegadas por el Estado (particularmente pequeños productores y asociaciones cooperativas). Precio justo y condiciones favorables de comercialización fueron las banderas de los yerbateros que tuvieron su punto más álgido entre 1999 y 2001 con el tractorazo como símbolo de lucha.

Si bien la movilización no logró una mejora sustancial en los precios de la yerba, marcó un antecedente a la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), aprobado por el Congreso de la Nación en 2002. Este hecho reflejó el retorno a la “regulación” en la actividad yerbatera, tras diez años de libre mercado. Como la antecesora CRYM, la nueva entidad estaría destinada a regular y fijar los precios, aunque difería mucho de la antigua institución reguladora. Con objetivos similares a la CRYM y poder recaudatorio a través de un estampillado para toda la yerba de expendio público, nacional o importada, el INYM no fue dotado de poder de control y fiscalización sobre las plantaciones. Tampoco estaba acompañado de un mercado consignatario, ni de una cartera de crédito bancario que pudiera adelantar el pago al productor ni negociar el precio base de la yerba apoyados en datos fehacientes de los costos de producción.[2]

En la práctica, quedó reducido a una mesa de discusión del precio que recibirían los productores. La representación fue ampliada e incluyó a los gobiernos nacional y de las dos principales provincias involucradas, Misiones y Corrientes, además de los trabajadores rurales y los secaderos. La legislación estableció que el acuerdo de precios debía hacerse por unanimidad, con lo cual la presión de los poderosos molinos yerbateros dio lugar, en cada reunión, a una situación sin salida que debió ser resuelta por la última instancia, el laudo de la Nación. Ésta, en forma consistente, falló a favor del precio más bajo, para contener el precio “en góndola”, sin tener en cuenta la problemática del productor.

El INYM es un ente de derecho público no estatal, es decir, que no forma parte de la administración pública nacional, pero que, al estar comprometidos en él intereses grupales, incluye al Estado como supervisor y tutor de estos intereses. La CRYM fue creada con carácter autónomo, con amplias potestades sobre el control de la producción y el precio. Contaba, además, con representación de órganos estatales en su seno, pero no estaba bajo su supervisión. Esta fundamental diferencia entre ambas entidades implica una limitación en el funcionamiento del INYM, al supeditar la observación de su funcionamiento por parte del Estado. En el curso de la larga vida de la CRYM pasó por instancias similares, pero se tendió a dar preferencia a la operatoria autónoma.

Ante este panorama el INYM devino en paliativo más que en solución. Los acontecimientos recientes dan cuenta de esta situación. Cada inicio de cosecha marca un punto de conflicto, siendo los productores pequeños los más afectados. Estos productores demandan respuestas concretas y sientan posiciones al respecto. A la ya histórica demanda de precio justo y mecanismos óptimos de comercialización, se sumaron otras consignas como créditos blandos, diferenciación en el precio del estampillado (consideran que es injusto que un pequeño productor pague lo mismo por una estampilla que un gran plantador). Políticas públicas sólidas desde este organismo mejorarían la situación del colono misionero, quien reconoce que es mejor tener un paraguas protector antes que un salvaje libre mercado.

Dr. Lisandro Rodríguez, especial para MTH.



[1]             INDEC CNA 1960 y 2002

[2]     Magań, María Victoria: El amanecer de una esperanza. Un análisis del primer año del Instituto Nacional de la Yerba Mate. En: III Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas (UBA), 2003